La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el 4 de noviembre de 2026 las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas a proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas la de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, cuya sede nacional está en la Ciudad de México.
La medida incorporó a los 40 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda, reportó Expansión Política. La dependencia no difundió la identidad de todos los afectados; la de Taddei y la de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se conoció por personas con acceso a la lista. El Órgano Interno de Control del INE, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas simularon competencia y recibieron contratos por 2,461 millones de pesos de organismos electorales locales entre 2014 y 2025, según La Jornada.
El expediente se abrió por reportajes sobre contratos de material electoral. En enero de 2025 el INE adjudicó 197.6 millones de pesos a Cajas Graf y Corporativo Zeg para materiales de la elección judicial, según Expansión Política. Taddei dejó la presidencia del Consejo General el 25 de octubre. La Auditoría Superior de la Federación abrió tres líneas de investigación, entre ellas un estudio de adquisiciones de 2000 a 2025. Para la Ciudad de México el vínculo es directo: aquí están las oficinas centrales del INE, de Hacienda y de la FGR, y desde aquí se conducen los contratos del siguiente proceso federal.
La UIF describió el bloqueo como «una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva». Los afectados conservan la garantía de audiencia y los mecanismos de defensa previstos en la ley, precisó la dependencia. Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dijo que las empresas señaladas «no tienen planta industrial, no son industriales, no fabrican nada, tampoco son comerciantes» y que «son intermediarios que ganan las asignaciones, los contratos», según La Jornada.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron presentar su propia denuncia ante la FGR, dirigida también a funcionarios o exfuncionarios de la estructura administrativa, de acuerdo con La Crónica de Hoy. Al 3 de noviembre el instituto sumaba 30 renuncias de personal de confianza. El siguiente paso está en la Fiscalía, que debe resolver si abre una investigación penal.
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