La Ciudad de México acumula 4 mil 123 recursos de revisión de acceso a la información pública y 223 de derechos ARCO sin resolver y sin fecha cierta para su desahogo, porque el nuevo modelo de transparencia capitalino no ha entrado en operación, según la respuesta que el Instituto de Transparencia local (Info CDMX) dio a El Universal el 16 de noviembre de 2026.
El instituto no puede sesionar desde diciembre de 2025 por la falta de comisionados, y su extinción forma parte de la reforma constitucional local que trasladó la función a las contralorías. En su respuesta, el Info CDMX señaló que «no es posible precisar una fecha cierta para su resolución», porque los plazos siguen suspendidos y el modelo previsto en la reforma aún no se implementa.
Lourdes Morales, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que el cambio pasó de un modelo concentrado a uno fragmentado: «esta capacidad y atribución se le dio a las contralorías. El problema es que en el Gobierno de la Ciudad de México se ha tomado demasiado tiempo para poder armonizar este modelo». Añadió que las contralorías ya tenían muchas atribuciones y no recibieron más presupuesto ni tiempo para capacitar al personal que debe resolver los recursos.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que «la Ciudad ha perdido el liderazgo nacional en este tema y no parece encontrar un rumbo claro». La excomisionada María del Carmen Nava describió el momento como una etapa de oscurantismo y advirtió que, al resolver las contralorías, «quien va a terminar resolviendo es el mismo sujeto obligado que les negó la información». La secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez, informó al Congreso local que se atendió 96% de 102 mil 37 solicitudes de transparencia, y sostuvo ante La Razón que «no sentimos que haya una paralización en términos de la transparencia en la ciudad».
La Contraloría busca que el nuevo órgano opere en enero de 2027. Ramírez lo planteó así: «La única fecha concreta que tenemos es que para el 15 de marzo tenemos que tenerlo. Porque ese es el límite que nos da la ley». Mientras eso ocurre, la vía para obtener información es el amparo, que encarece y dificulta el acceso, según Bohórquez.
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