El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el 13 de octubre de 2026 la construcción de seis centros penitenciarios estatales con capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios, en Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, Estado de México y Nayarit. El primero se levantará en Sinaloa, con 2 mil 640 espacios y recursos federales.
El anuncio ocurrió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y siguió a los hechos violentos registrados la semana anterior en el penal de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con cifras presentadas por la propia dependencia, el gobierno federal ha registrado cerca de 70 mil detenciones desde el inicio de la administración, mientras el órgano Prevención y Reinserción Social reportó 3 mil 275 traslados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, según El Universal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no se puede permitir la sobrepoblación, por razones de derechos humanos y de seguridad, y descartó que los nuevos centros sean operados por empresas privadas.
Harfuch detalló que los centros tendrán "infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales", además de "módulos diferenciados para una adecuada clasificación de personas según su delito". En Sinaloa se realizaron nueve operativos con 636 personas trasladadas a centros federales. Las obras se ejecutarán con recursos federales y se prevé concluirlas alrededor de 2028, de acuerdo con El Universal. En paralelo, la dependencia reportó la incorporación de mil 192 elementos, la creación de la Unidad de Reacción Penitenciaria y una caída de 35 por ciento en los códigos de emergencia en centros federales respecto de la administración anterior, según Excélsior. El titular de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, dijo que se revisarán casos de personas privadas de la libertad en el Estado de México, en particular por delitos menores.
El financiamiento se definirá con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cada entidad deberá coordinar la obra con el gobierno federal. El primer indicador público será el arranque de la construcción en Sinaloa, previsto dentro de esta administración.
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